Imagínate que cada vez que un político es investigado, en lugar de responder con pruebas o dimisiones, saca la carta mágica del “me persiguen porque soy demasiado bueno”. Eso, básicamente, es el lawfare: la nueva forma de decir “no soy corrupto, soy víctima”.
Sí, amiguis, hoy hablamos del arma política del siglo XXI: la guerra judicial como herramienta de combate narrativo. Porque en esta España nuestra, donde la política se debate en el Congreso y se remata en los platós, los tribunales se han convertido en la nueva arena de batalla.
¿Qué narices es el lawfare?
Empecemos por el diccionario millennial:
Lawfare: (sustantivo glamuroso importado del inglés)
Uso estratégico del aparato judicial para fines políticos, normalmente con la intención de desacreditar, perseguir o eliminar a rivales.
O eso es lo que dice el manual de defensa mediática de cualquier político con problemas legales. Pero en la práctica española, el lawfare se ha convertido en el grito de guerra del Gobierno de Sánchez cada vez que cae una querella, un auto judicial o un audio filtrado.
¿Caso Begoña Gómez? Lawfare.
¿Caso David Sánchez? Lawfare.
¿Caso Koldo? También.
¿Leire Díez pillada conspirando en audios? Aquí también dijeron “basura mediática”.
Y claro, con tanto repetirlo, parece más una playlist de Spotify que una estrategia de comunicación.
Cómo convertir un auto judicial en un drama de prime time
Cuando el presidente Pedro Sánchez anunció que se estaba planteando dimitir por el “acoso a su esposa”, media España se quedó con la mandíbula en el suelo.
Y no por la investigación en sí, sino por el estilo telenovelesco del mensaje: cinco días de silencio presidencial, millones de memes, y una expectativa solo comparable al final de temporada de La Isla de las Tentaciones.
¿Qué hizo al final? Volvió como el protagonista que ha tocado fondo, pero regresa fuerte y llorando de dignidad institucional. Y, por supuesto, lo primero que dijo fue que todo esto es una “campaña de acoso y derribo”.
¡BOOM! Bienvenidos a la narrativa del lawfare emocional, donde el poder judicial se convierte en villano y el político en víctima trágica. ¡Si Shakespeare levantara la cabeza, pediría copyright!
Reformas “casuales” y timing sospechoso
Pero ojo, porque la cosa no se queda en el “ay, me acosan”. No, no. El PSOE ha llevado el concepto más allá con una propuesta que haría sudar frío a Montesquieu.
En medio de toda esta tormenta de casos judiciales, el Gobierno propone una ley para:
- Limitar la acusación popular (esa figura tan española donde un ciudadano puede personarse en una causa judicial aunque no sea parte directa).
- Ampliar los motivos para recusar a jueces, o sea, para apartarlos si no te gustan.
Todo esto, cómo no, cuando la acusación popular está siendo clave en los casos contra Begoña Gómez, David Sánchez, y en las denuncias por la Operación Leire Díez. Vamos, lo justo y necesario para que la oposición y los jueces salten en manada.
¿La reacción de las asociaciones judiciales?
“Esto es un intento descarado de amordazar a los jueces.”
“Quieren blindarse ante la corrupción.”
Y el hit del momento: “Van a romper el último dique que queda contra el poder político.”
¿Y la gente qué piensa?
Pues hay de todo. Pero el runrún general es este:
- Hay quien compra la narrativa del presidente mártir, víctima de la caverna judicial, mediática y de derechas.
- Hay quien dice que esto huele más a cortina de humo que a defensa sincera.
- Y están los que simplemente ya no se creen nada, y lo único que quieren es que alguien devuelva el dinero y se vayan todos a hacer teatro… pero al de verdad, no en el Congreso.
Porque cuando la corrupción se combate con reformas legales exprés, y los escándalos se responden con campañas victimistas, la confianza ciudadana baja más rápido que el IBEX en campaña electoral.
Discursos dignos de guion de Netflix
En los últimos meses hemos oído frases como:
- “Sánchez es el capo de una mafia de la rosa.” — versión PP.
- “Estamos en un narcoestado institucional.” — versión tertuliano con café.
- “Esto es lawfare y persecución judicial.” — versión Moncloa.
¿Conclusión? El lenguaje político ha mutado en una especie de thriller de sobremesa, donde cada frase es un intento de reescribir la historia con estilo dramático y sin autocrítica.
Y lo peor: todas las partes lo hacen. La oposición grita “mafia”, el Gobierno responde “caza de brujas”, y el ciudadano medio solo quiere entender si alguien, en medio de todo esto, va a pagar por lo que hizo (si hizo algo, claro).
El patrón que ya no sorprende
Vamos a ver si te suena el esquema:
- Escándalo.
- Investigación.
- Acusación.
- Denegación total.
- Declaraciones victimistas.
- Propuesta de reforma legal para “evitar abusos”.
- Campaña de desprestigio contra los jueces, medios o fiscales.
- Más escándalos.
¿Lo has visto antes? Sí.
¿Va a repetirse? Probablemente.
Y aquí es donde entra el gran problema del lawfare mal usado: si se repite como excusa sistemática, pierde toda legitimidad incluso cuando pueda ser verdad.
Epílogo: ¿Quién juzga al que judicializa?
El término lawfare nació para denunciar abusos del poder judicial como herramienta política. Pero cuando un Gobierno lo usa para deslegitimar toda crítica o investigación, lo que hace es cargar contra el propio sistema democrático que juró proteger.
Y cuando además lo acompañas de propuestas legales para reducir el control sobre tu poder… pues ya suena más a régimen con miedo que a democracia madura.
Conclusión: España, tierra de emociones judiciales
En resumen: el lawfare, si lo usas bien, es una alerta legítima. Si lo usas como excusa automática para tapar escándalos, se convierte en una comedia de enredos con consecuencias graves.
La política española parece más preocupada por controlar el relato que por rendir cuentas. Y mientras se reparten etiquetas de “víctima” y “villano” como si fueran cromos, la justicia va haciendo su trabajo (a veces con más ruido del que debería).
FIN DE TEMPORADA… ¿O NO?
¿Volverá Koldo en la siguiente entrega con nuevos audios?
¿Begoña tendrá spin-off judicial?
¿David Sánchez se pasará al teatro real?
¿Leire escribirá un libro o será personaje de uno?
¿Y el lawfare se convertirá en partido político?
No lo sabemos. Pero si algo es seguro, es que la política española ya no necesita guionistas: se escribe sola.
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